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Nueva Junta Directiva

Después de la Asamblea General y de la reunión de Junta Directiva del pasado día 3 de julio, la Junta Directiva queda como sigue:
Presidente: Alfonso Toribio. Vicepresidenta: Mª Luisa Alonso Bengoa. Tesorero: Enrique Álvarez-Uría. Secretario: Javier Gámez Carmona. Vocales: Carmen Aréchaga, Francisco Díaza-Faes, Mªsabel Fernández Lafuente, Juan José García González, Virginia Gil Torrijos, Rosa Martínez Tarazona, Pablo Martínez y Carlos López Larrea.

 

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Aída Luz Mendoza Navarro - Archivera y Jurista (Perú)

Aída Luz Mendoza Navarro
Jefa del Archivo General de la Nación entre 1992-2001, ex docente de la Escuela Nacional de Archiveros; docente del diplomado en gestión de archivos de la Universidad Nacional Federico Villarreal; abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios concluidos de Maestría en Gestión de Políticas Públicas, (tesis en trámite); y doctorado en Derecho, ambos por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente es consultora en archivos para entidades públicas y privadas y capacitadora en archivos. Ha participado en calidad de ponente y/o asistente en eventos internacionales en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi), España, EE.UU, Guatemala, México, así como eventos nacionales de la especialidad.
Miembro del CLAID team (Caribbean and Latin American InterPARES Dissemination), equipo para la Difusión del Proyecto InterPARES en el Caribe y Latin América, y del School of Library, Archival and Information Studies, con sede en The University of  British Columbia, Vancouver-Canadá.
Autora de libros y artículos publicados en ediciones especializadas nacionales y extranjeras.
Los Archivos: "evidencias para la lucha contra la corrupción".
La autora hace notar el problema de la corrupción que enfrentan los países actualmente, y señala la búsqueda de soluciones por parte de los gobiernos a través de programas, directivas, dispositivos legales, etc. bajo los conceptos de transparencia de la función pública, la rendición de cuentas y los códigos de ética.

Los gobiernos, sus gobernantes y los políticos no realizan esfuerzos para apoyar la protección de los documentos públicos formulándose las siguientes preguntas: ¿Quién ha escuchado a algún político proponer políticas para la protección de los documentos públicos?, ¿sabrán que los documentos son la mejor prueba para sancionar los delitos de corrupción? Los archivos y sus documentos nunca se incluyen en sus planes de gobierno.
Asimismo sostiene que la corrupción de los funcionarios públicos tiene dimensión internacional, lo que es percibido por los ciudadanos, quienes exigen mayor transparencia en la ejecución de las tareas de gobierno, por lo que enfatiza en la necesidad de proteger los documentos públicos porque son el soporte básico para lograr una efectiva transparencia: los documentos públicos son las pruebas privilegiadas para evidenciar los actos de corrupción. En este sentido la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión pública es una gran ventaja, pero también existen riesgos debido a la fragilidad y facilidad con la que pueden desaparecer comprometedores documentos, lo que permitiría la impunidad de los infractores.
La autora define la corrupción como un comportamiento al margen de la legalidad, realizado por una o varias personas transgresoras de las normas sociales que imperan en un tiempo y espacio determinados, porque la calificación de un determinado acto de corrupción está ligada al momento histórico, social y a los valores vigentes. Los aspectos básicos a considerar son: el abuso que hace el funcionario del cargo encomendado, el uso ilícito de los recursos del Estado, el abuso del poder que ostenta por tener la calidad de funcionario público y la obtención de un beneficio personal.
Termina comentando el trabajo realizado por el Archivo General de la Nación de Colombia con la colaboración del Programa ADAI (Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos) y ALA (Asociación Latinoamericana de Archivos) denominado: "Desorganización archivística, fuente de corrupción administrativa", entre los años 2002 al 2005, y señalando algunas conclusiones y recomendaciones para revertir la situación de desprotección de los documentos generados por la función pública.

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